TODOS A LA CARCEL



Sorprende que se mantengan en pie las principales instituciones españolas.Cubiertas por una gruesa capa de excrementos,difícilmente se pueden limpiar sin una catarsis de desinfección democrática que ponga patas arriba todas las instancias que rigen los destinos de este país.
En lo más alto S. M. el rey, sus turbios negocios, herencias oscuras, fondos evadidos al fisco, excesos de todo tipo… y sus elefantes. Un entorno familiar de sainete, con su amante Corinna, la reina despechada, sus yernos (el que aspira por la nariz y el que saquea dinero público) y unas hijas con una seria deficiencia mental que ignoran las actividades de sus consortes. El heredero se mantiene casi en la clandestinidad, no vaya a ser que se le descubra que también tiene manchada de palomino su ropa interior.
El mundo de la política apesta. Más de 300 políticos en activo están acusados de diferentes delitos. Los grandes partidos están inmersos en diferentes procesos por financiación ilícita, mientras acogen en su seno a probados delincuentes. Aquí no dimite nadie, esté imputado o condenado, porque saben que no pagarán. La lentitud de la justicia permitirá que prescriban sus delitos y si algún juez se da prisa, el gobierno indultará al delincuente.
La justicia roza el surrealismo: El presidente del tribunal supremo expulsado por robar. Los jueces y fiscales de la Audiencia nacional con los pantalones por las rodillas ante las presiones del embajador de EE.UU., dejando impunes los vuelos de la CIA, las torturas a ciudadanos españoles en Guantánamo o el asesinato del periodista José Couso. En el proceso de la trama Gürtel sólo se castiga al juez que lo investigó. Los infames manejos para asignar a determinados jueces los casos de corrupción garantizan su impunidad.
La CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) tiene a su presidente imputado por robar dinero. El presidente del Banco Santander evade 2.000.000 de euros a Suiza, el nº 2 del mismo banco fue condenado y posteriormente indultado. Gran cantidad de empresarios están acusados de financiar partidos partidos a cambio de sustanciosos contratos con organismos públicos. Los directivos de banca en quiebra se asignan salarios millonarios y jubilaciones blindadas que garantizan la opulencia de varias generaciones. Las élites económicas (España es el 9º país en número de millonarios) gozan de múltiples ventajas fiscales, y por si fuera poco gozan de una reciente amnistía fiscal que les ha permitido blanquear el dinero evadido o de origen dudoso.
La administración pública utiliza su brazo legal o policial con vergonzosa crueldad contra los más vulnerables. Recientemente hemos contemplado en Catalunya como tres cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra) se aplicaban con saña para desalojar a 47 personas subsaharianas que sobrevivían en una nave industrial abandonada. También es reciente la prohibición de un comedor social gestionado por un grupo de vecinos voluntarios que servía desde 2010 un plato caliente dos veces por semana a 30 personas en situación de exclusión social, el argumento empleado es que no cumplía la normativa de la Generalitat de Catalunya. Los desahucios se suceden cada día llevando a la desesperación a miles de familias, los suicidios por este motivo se han disparado en el último año.
El fraude, el robo, el expolio del dinero de todos, se ha convertido en el deporte nacional pero ninguno de los responsables ha pernoctado un solo día en un centro penitenciario. Comprobamos una vez más que la cárcel no está pensada para ricos.




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